Lorena Rosado, miembro del oficialista ADN, fue secuestra la noche del viernes durante 3 horas en Guayaquil; pero luego fue rescatada en una operación policial. La legisladora asegura que le robaron su vehículo, celular y otras pertenencias. Quito, 23 mar (EFE).- La Asamblea Nacional de Ecuador condenó este sábado el secuestro que sufrió el viernes […]
Lorena Rosado, miembro del oficialista ADN, fue secuestra la noche del viernes durante 3 horas en Guayaquil; pero luego fue rescatada en una operación policial. La legisladora asegura que le robaron su vehículo, celular y otras pertenencias.
Quito, 23 mar (EFE).- La Asamblea Nacional de Ecuador condenó este sábado el secuestro que sufrió el viernes la legisladora Lorena Rosado, miembro de oficialista ADN por Guayas, y celebró también su liberación tras una operación policial.
La Asamblea «rechaza todo acto delincuencial y en especial el secuestro que sufrió la asambleísta Lorena Rosado», señaló el Parlamento en un comunicado difundido por sus redes sociales.
«Condenamos enérgicamente la inseguridad que afecta a nuestros conciudadanos en las calles», añadió tras reiterar el «respaldo absoluto» del Parlamento a las fuerzas de seguridad del Estado.
Finalmente, la Asamblea hizo un llamamiento a la unidad de los ecuatorianos «en estos momentos difíciles» por el accionar de grupos de delincuencia organizada a escala nacional.
Rosado, en un mensaje a través de las redes sociales, relató el secuestro por unas tres horas que sufrió el viernes junto a su esposo en Guayaquil.
No obstante, remarcó que gracias a la oportuna y suficiente intervención policial fue liberada.
«Al momento me encuentro bien y a salvo, pero temo por mi vida y la de mi familia», señaló en el comunicado en el que también indicó que ha presentado ante la Fiscalía la respectiva demanda.
Añadió que durante el secuestro sufrió también el robo de su teléfono celular y otras pertenencias.
Ecuador vive en un ambiente de alta inseguridad desde 2021 por la acción de bandas criminales que han perpetrado delitos violentos en las cárceles y las calles a escala nacional, una situación que recrudeció a principios de este año.
El pasado 8 de enero, el presidente del país, el empresario Daniel Noboa, que entonces no llevaba ni dos meses en el poder, decretó un estado de excepción, así como una situación de «conflicto armado interno», ante la serie de atentados y acciones criminales.
El estado de excepción, con el que el Gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía.
El pasado 7 de marzo, Noboa prorrogó por 30 días el estado de excepción para «garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica» en el país.
El estado de excepción inicial fue decretado cuando el Gobierno se disponía a poner en marcha una política de «mano dura» para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
La violencia carcelaria saltó a las calles a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. EFE
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