De ganar el ‘Sí’, el Ministerio de Finanzas deberá asignar una partida presupuestaria para la creación de dos nuevas salas judiciales especializadas de primera y segunda instancia en cada provincia. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que […]
De ganar el ‘Sí’, el Ministerio de Finanzas deberá asignar una partida presupuestaria para la creación de dos nuevas salas judiciales especializadas de primera y segunda instancia en cada provincia.
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?
Esta es la pregunta 2 relacionada al apartado de enmienda constitucional que plantea el presidente de la República, Daniel Noboa, y que será puesta a consideración de 1,3 millones de electores el 21 de abril de 2024.
La iniciativa, de ser aprobada, enmendará el artículo 86, numerales 2 y 3, de la Constitución y viabilizará la creación, en todo el país, de unidades judiciales de primera y segunda instancia especializadas en materia constitucional.
El artículo de la Constitución vigente señala que todos los jueces son competentes en materia constitucional. Es decir, explicó el abogado Luis García, exasesor de la Corte Constitucional (CC), que una persona o un grupo de personas pueden plantear acciones o garantías constitucionales ante un juez de lo laboral, de tránsito o familia, y presentar una acción constitucional de habeas corpus, habeas data o acciones extraordinarias de protección.
De ganar el Sí, el artículo 86 se modificará y se crearán unidades de primera y segunda instancia de garantías jurisdiccionales.
Sin embargo, a criterio de García, esta creación podría conllevar dos dificultades: las personas ya no podrían plantear acciones ante cualquier unidad, sino que deberán asistir a la unidad judicial pertinente, y se generarían nuevos costos hacia el Estado.
Explicó, además, que la carga laboral que tienen los jueces actualmente en diferentes instancias es muy alta a nivel constitucional, lo que quiere decir que, si se crean unidades, el tiempo para la resolución de las acciones probablemente sería mayor al concentrar todas las acciones constitucionales en jueces puntuales.
En su experiencia como asesor de la Corte Constitucional, García dice que la cantidad de sentencias en materia constitucional que los jueces de instancia deben resolver, tiene un cierto nivel deficitario y muchas veces no alcanzaba la calidad esperada. ¿Por qué? ” Al no ser especialistas (sean de tránsito, familia, etc) muchas veces, los casos no se resolvían de la mejor forma”, respondió.
Por ello, considera que, al crear juzgados especializados, se podría pensar que la calidad de las sentencias pueda mejorar.
Los tribunales de primera instancia: es el primer nivel (el primer juez) al cual puede acceder el usuario del sistema de justicia para plantear una acción.
La segunda instancia: es la apelación a una sala especializada de cortes provinciales. Allí acude el usuario cuando no está de acuerdo con el fallo emitido por el juez de primer nivel. En esta instancia se ratifica o se revoca la decisión adoptada por el juez de primera instancia.
En caso de que la pregunta reciba el apoyo corresponderá; después de su publicación en el Registro Oficial, entrará en vigencia a partir de un año.
Además, el Ministerio de Economía tendrá que destinar una partida presupuestaria específica para dar cumplimiento al mandato popular y que deberá ejecutarlo el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ).
Luis García prefirió no hacer cálculos de cuántos recursos se requerirían para la creación de las nuevas unidades, pero comentó que el Gobierno, al haber planteado una pregunta que está vinculada con la necesidad de que se asignen recursos económicos, seguramente tendrá una estrategia para poder financiar la creación de estas unidades especiales a través de asignaciones.
En este análisis, se deberá tomar en cuenta el número de jueces que se requerirá, ayudantes judiciales y secretarios.
Es una carga de personal que se necesitaría además de las adecuaciones físicas: remodelar o construir nuevas instalaciones para el desarrollo de audiencias, etc. (SC)
El constitucionalista Xavier Palacios destacó la importancia de la pregunta porque puede evitar el abuso en materia constitucional, y que se utilicen mal las garantías.
Coincidió también en que hay temas operativo-financieros que deberán solventarse.
Es decir, cuál será el número de jueces necesarios para que actúen en las unidades, de dónde se escogerán, y el presupuesto para implementar la nueva infraestructura.
Para esto, el Consejo de la Judicatura tendría que realizar un trabajo paralelo para generar un instructivo o reglamento que determine cuál es el número exacto de jueces constitucionales, por habitante, y número de garantías que se requieran en caso de ganar el ‘Sí’.
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