El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, busca acuerdos para votar por las reformas al COIP pendientes desde el 22 de febrero, lo que incluye artículos, por ejemplo, para el incremento de penas. Construye insiste en el archivo de todo el proyecto. El 22 de abril de 2024 es la fecha límite para que se […]
El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, busca acuerdos para votar por las reformas al COIP pendientes desde el 22 de febrero, lo que incluye artículos, por ejemplo, para el incremento de penas. Construye insiste en el archivo de todo el proyecto.
El 22 de abril de 2024 es la fecha límite para que se resuelva el tema de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en la Asamblea Nacional.
Esto, luego del plazo de 60 días que estableció el presidente del Legislativo, Henry Kronfle (PSC), amparado en la Ley Orgánica de la Función Judicial (LOFL), para que el pleno resuelva las reformas que están pendientes y que se tramitaron en la Comisión de Justicia (controlada por el correísmo).
La votación de una moción que planteó María Fernanda Araujo, del movimiento gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), en la sesión del 22 de febrero de 2024, para que en el COIP se incluya artículos como el aumento de penas para delitos por sicariato, terrorismo, delincuencia organizada, eliminar beneficios penitenciarios, o tipificación de nuevos delitos como femicidio, quedó en el limbo.
Ese día, Henry Kronfle suspendió la sesión poco después de constatar que las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y un sector de ADN habían dejado el salón sin el quórum reglamentario.
Los legisladores correístas abandonaron la sesión después de perder respaldo a su propuesta para que en esas reformas al COIP se incluyan figuras legales polémicas, como la revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas.
En cambio, la decisión de ADN se produjo, según la legisladora Inés Alarcón, por “la falta de respeto” de la banca de la RC.
Relató que, cuando los legisladores correístas abandonaron el Pleno, ella (Alarcón) se acercó al escritorio del presidente Kronfle, a quien le preguntó sobre el siguiente procedimiento.
“El presidente me dijo que iba a suspender la sesión. Luego me acerqué a mi bancada y les informé de la decisión que iba a tomar el presidente de la Asamblea y algunos no nos registramos”, contó Alarcón.
Kronfle ratificó que la propuesta de la Revolución Ciudadana ya no podrá retomarse, porque en la sesión del 22 de febrero no tuvo los votos.
La pretensión correísta para que, a través del COIP, se revisen las sentencias, requería de 70 voluntades para ser aprobada. Sin embargo, 81 legisladores le dijeron que no.
Dos semanas después de este episodio, en el que el correísmo se quedó sin el apoyo de sus aliados del PSC y ADN, el presidente Henry Kronfle habló el jueves 7 de marzo de 2024, de la necesidad de que esa sesión se retome pronto para votar solo por la moción de ADN, referente al incremento de penas, eliminar beneficios penitenciarios, etc.
“Estamos trabajando en un acuerdo con las demás bancadas para poner a consideración la votación de la primera moción del COIP que quedó pendiente. Para mí es importante que por lo menos se apruebe la primera moción porque el país así lo requiere. Personalmente quisiera que esto se resuelva lo antes posible”, afirmó Henry Kronfle.
En su intento por acercarse a las bancadas para lograr un consenso para la votación, Henry Kronfle no contará con el apoyo del bloque de Construye.
Esta agrupación, que reúne a 19 legisladores, inició simultáneamente diálogos con el grupo de 15 parlamentarios independientes, tres de ellos legisladores de Gente Buena, para insistir en el pedido de archivo del proyecto.
Sin embargo, aunque Paúl Buestán (Construye) destacó el avance en las conversaciones con otros sectores políticos, reconoció que al momento de votar “todo puede cambiar en fracción de segundos”.
Para Buestán, la estrategia de ADN para que la votación sea por bloque, claramente dejaría en evidencia un discurso populista.
Mencionó que la propuesta del aumento de penas no podría aplicarse en el Ecuador, por la inexistencia de un sistema preventivo en materia penal que, además, requiere de una política pública.
Advirtió también que estarán atentos para que la mayoría (PSC, RC y ADN) no intenten incluir en la votación el texto de la Disposición General Única, que establece la obligación de aplicar “de manera inmediata y efectiva” las sentencias y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en caso de afectaciones a derechos humanos o errores en el debido proceso.
La Disposición General agrega que le corresponderá a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) revisar de oficio y sin demora las sentencias afectadas por decisiones, observaciones o recomendaciones de organismos internacionales.
Así, los servidores judiciales deberán ejecutar las sentencias en un plazo no mayor a 45 días a partir de la notificación, lo cual se incorpora en la disposición del proyecto de reformas al COIP. (SC)
El presidente de la Asamblea aún no convoca a la sesión para debatir el tema. El plazo vence el 22 de abril de 2024. La aprobación de las reformas requiere 70 votos.
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