Aprobar la extradición abrirá la posibilidad de que los integrantes de los grupos del crimen organizado transnacional o el narcotráfico paguen por sus delitos dentro de la justicia ecuatoriana o en otras naciones y no queden impunes. La segunda pregunta de la consulta popular, que se desarrollará este 21 de abril de 2024, forma parte […]
Aprobar la extradición abrirá la posibilidad de que los integrantes de los grupos del crimen organizado transnacional o el narcotráfico paguen por sus delitos dentro de la justicia ecuatoriana o en otras naciones y no queden impunes.
La segunda pregunta de la consulta popular, que se desarrollará este 21 de abril de 2024, forma parte de las preguntas que darán paso a una enmienda constitucional. La extradición no es la primera vez que se presenta a un proceso de consulta, en la anterior oportunidad el expresidente de la República, Guillermo Lasso, falló en su intento de aprobar la medida en febrero de 2023.
En aquella ocasión, las preguntas fueron rechazadas y dieron paso al proceso de inestabilidad que llevó al país a la muerte cruzada y las elecciones anticipadas.
La enmienda constitucional para permitir la extradición busca que los ciudadanos respondan por los delitos cometidos, en el territorio ecuatoriano o fuera de él, siempre que sean requeridos por un tribunal.
Este diario conversó con penalistas y abogados quienes señalaron que este instrumento puede ser clave para el combate de las organizaciones criminales transnacionales.
La abogada y académica de la Universidad de Las Américas (Udla) Karen Sichel, quien fue vocera por el ‘Sí’ en la consulta popular de Lasso, precisó que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional que se establece entre dos estados, para que quienes cometen delitos que tienen efectos en varios países puedan ser juzgados fuera de su país de nacimiento.
Ese es el caso del combate del narcotráfico, pues quienes actúan en Ecuador pueden comercializar las drogas en otros mercados como Estados Unidos, México o países de Europa.
“Entonces, un país como Estados Unidos puede requerir a ese delincuente y a través del proceso de la extradición, ese delincuente paga sus cuentas, ya no en Ecuador, sino que le rinde cuentas a la justicia estadounidense”, acotó.
Sichel coincidió con la jurista y abogada Mariana Yépez, quien explicó a LA HORA que la aprobación de la extradición en la actual consulta, “sería una herramienta para luchar contra la delincuencia organizada y también el delito en general, porque permitiría que se sancione a aquellas personas que han cometido delitos en el país y también fuera. Eso es lo fundamental porque de acuerdo a la Constitución no se puede extraditar a ningún ecuatoriano”, recordó.
Yépez precisó que para que el instrumento tenga efecto “tiene que haber el reclamo del otro país para que el ecuatoriano pueda ser juzgado en el exterior”.
Al revisar algunos de los argumentos que tratan de negar la extradición, Yépez puntualizó que en algunos casos no comprenden la dimensión del crimen organizado. “No solo se estaría negando la extradición, se está negando a todo, se niega a que una persona sea sancionada”, puntualizó.
Sichel advirtió que una de las acciones que deben mostrar los proponentes de la consulta es medir las verdaderas expectativas que genera la propuesta.
“El crimen y la falta de seguridad es un problema complejo y no existe una varita mágica, ni una consulta popular que pueda solucionar nuestros problemas”, recalcó
La académica dejó claro que “la extradición es un paso a favor para luchar contra el crimen organizado, pero también deben saber que estos procesos toman tiempo”. (ILS)
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, Esteban Ron, dijo a LA HORA que la posible aprobación de la consulta popular estaría en el encuadre y la agenda de seguridad que se ha generado en el país a raíz del combate a la delincuencia y los grupos armados.
“En este momento, Ecuador tiene una agenda exclusiva de seguridad y lucha contra la impunidad, ese es el factor que puede marcar la diferencia para tener una aceptación ciudadana a la pregunta”, destacó.
Precisó que hechos como la toma de TC Televisión y la declaración de los grupos terroristas puede tener una influencia en la población que posibilite una reacción positiva a la extradición de integrantes del crimen organizado.
Desde su punto de vista, “la pregunta de fondo es prácticamente la misma, pero lo que cambia es el encuadre. El ecuatoriano está harto de la delincuencia y esto es lo que puede favorecer a la pregunta”.
Para Ron este es el momento para que desde las academias se inicie un proceso de concientización a profundidad del contenido de las preguntas. “Debe haber una racionalización objetiva, es decir, explicar cuándo y dónde vamos a ver los efectos de la consulta popular y qué es lo que se tiene que esperar”.
Una de las organizaciones sociales que ha mostrado su rechazo a la consulta popular es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por su presidente Leónidas Iza.
Este colectivo considera la consulta como un engaño e invita a votar ‘No’ en las once preguntas.
Sobre la extradición, la Conaie argumenta que el Gobierno estaría “vendiendo una cortina de humo”. En este sentido señala que “la extradición no significa expulsar a todos los delincuentes. La verdadera solución para erradicar la delincuencia es crear oportunidades para los jóvenes, empleo y educación”.
Casillero B: Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme al Anexo 1?
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