La aprobación de una ley que acelere la incautación de bienes a las economías criminales y la creación de la policía penitenciaria fueron las principales conclusiones de la Conferencia Internacional de para la Seguridad Penitenciaria y Ciudadana de Ecuador. La aprobación de una ley que acelere la incautación de bienes a las economías criminales y […]
La aprobación de una ley que acelere la incautación de bienes a las economías criminales y la creación de la policía penitenciaria fueron las principales conclusiones de la Conferencia Internacional de para la Seguridad Penitenciaria y Ciudadana de Ecuador.
La aprobación de una ley que acelere la incautación de bienes a las economías criminales y la creación de un cuerpo de policía penitenciaria fueron algunas de las conclusiones de la Segunda Conferencia Internacional de Consenso para la Seguridad Penitenciaria y Ciudadana de Ecuador, donde autoridades nacionales y expertos internacionales debatieron soluciones para la crisis que enfrenta el país.
El encuentro organizado por el Gobierno de Ecuador y la Unión Europea (UE) sirvió para evaluar los avances de la cooperación europea contra la situación de inseguridad de Ecuador, que hasta ahora han estado enfocados en mejorar la gestión de las cárceles y concretar las líneas de acción para los siguientes años.
Durante la clausura de la conferencia, con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, el director adjunto del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado entre Europa y Latinoamérica (EL PAcCTO), Giovanni Tartaglia, remarcó que las propuestas surgidas de las distintas mesas de debate aportaron estrategias tanto de emergencia como sistemáticas.
“Estos grupos criminales no son solo violentos, sino que utilizan la corrupción y el blanqueo de capitales como herramienta de infiltración en la sociedad.
Lo más preocupante es que tienden a establecer una cultura de aceptación de la ilegalidad e implican cada vez más a las generaciones más jóvenes”, advirtió Tartaglia.
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Entre las propuestas recogidas en las mesas de debate está el fortalecimiento en la ejecución de extinción de dominio y la creación y promulgación de una disciplina que regule la técnica especial de investigación financiera.
También se sugirió actualizar el Poder Judicial mediante reformas legales que incluyan la selección, evaluación y control disciplinario de los jueces. También garantizar la seguridad de funcionarios como jueces, fiscales y guardias carcelarios, víctimas recurrentes de atentados mortales por parte del crimen organizado.
Asimismo, la conferencia apuntó a tomar medidas para garantizar una mayor coordinación entre todas las entidades relacionadas en el control de las cárceles y construir un modelo de gestión penitenciaria que parta de una separación y clasificación técnica de los presos.
En materia de seguridad penitenciaria hubo consenso para crear una policía penitenciaria, con una formación y base conceptual adecuada para controlar y prevenir hechos violentos, dentro y fuera de la cárceles.
“Concretamos también, por ejemplo, becas para formar instructores penitenciarios en Argentina, por cuatro años”, dijo el exjefe de inteligencia militar, Mario Pazmiño, quien señaló que en la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza también se contempla que existan guías penitenciarios que puedan usar armas letales. La idea –destacó Pazmiño– es que sea un grupo especial que actúe en casos de conflicto.
El exministro del Interior, Patricio Carrillo, en una pasada entrevista con LA HORA, señaló que tener más cárceles sin talento humano no funciona. “No vemos que en el proyecto que se anuncia de construcción de cuatro centros penitenciarios esté la incorporación de agentes que deberían formarse desde ya. Claro, caso contrario sería una nueva utilización de personal de Policía y de Fuerzas Armadas, lo cual es antagónico a los términos doctrinarios que manda la Comisión de los Derechos Humanos”.
Carillo también indicó que Ecuador debe implementar “agentes especiales de inteligencia infiltrados en los centros penitenciarios”.
Actualmente, las cárceles de Ecuador están custodiadas por el cuerpo de vigilantes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), quienes no portan armamento letal.
Por su parte, el subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Giorgio Silli, indicó que los debates y temas planteados durante estos días permitieron identificar sinergias en la lucha contra la delincuencia, en presencia de representantes del Gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial, junto a la sociedad civil de Ecuador.
“Somos conscientes de la dificultad de la lucha contra las bandas criminales que Ecuador está abordando con decisión. Es innegable que el esfuerzo realizado en los dos últimos años ha permitido reducir significativamente el número de muertes violentas en las cárceles, y el número de trabajadores de seguridad penitenciaria casi se ha duplicado desde el inicio de nuestra colaboración institucional”, destacó Silli y abogó por la política de aislar a los líderes criminales conforme al modelo italiano, que “ha superado el escrutinio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, recordó que “el crimen organizado no tiene fronteras y combatirlo sobre decisiones de carácter exclusivamente nacional ha quedado realmente insuficiente”.
También destacó la colaboración forjada con Italia y España para investigar y desarticular redes criminales de narcotráfico y detener a sus líderes.
El Gobierno de Noboa decidió elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con un estado de excepción en el que se pasó a considerar a las bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Con dicha declaratoria se ha logrado militarizar las cárceles, hasta ese momento controladas por las bandas criminales, cuyas rivalidades causaron una serie de masacres carcelarias en las que más de 450 presos fueron asesinados entre 2020 y 2022. (EFE-AVV)
Ecuador fue uno de los países con más homicidios de Latinoamérica, al registrar 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
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