El Partido Social Cristiano se desmarcó del correísmo y anunció que no votará por la censura y destitución de la fiscal general del Estado Diana Salazar. El movimiento correísta Revolución Ciudadana, que mantiene en su agenda enjuiciar a Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por presunto incumplimiento de funciones, no tendría, […]
El Partido Social Cristiano se desmarcó del correísmo y anunció que no votará por la censura y destitución de la fiscal general del Estado Diana Salazar.
El movimiento correísta Revolución Ciudadana, que mantiene en su agenda enjuiciar a Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por presunto incumplimiento de funciones, no tendría, hasta el momento mayoría en la Comisión de Fiscalización para aprobar un informe que recomiende al Pleno continuar con la interpelación.
El correísmo, a través de la legisladora Gissella Garzón, inició el proceso contra Salazar el 23 de noviembre de 2023. Su suerte, al frente de la Fiscalía, podría estar definida hasta mayo o junio de 2024.
Sin embargo, el intento del correísmo de censurar y destituir a Salazar, podría dar un giro en la Asamblea a raíz de la detención, para fines investigativos, de Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), dentro de una indagación fiscal por presunta delincuencia organizada. En la trama también son investigadas otras once personas..
En la Comisión de Fiscalización del Parlamento se necesitan al menos cinco votos para recomendar al Pleno de la Asamblea que se continúe con una interpelación, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Los cuatro votos (Pamela Aguirre, Ronald Gonzales, Sofia Espín y Lenin Barreto) que la Revolución Ciudadana tiene en esta mesa legislativa, no alcanzarían para aprobar un informe que recomiende al Pleno continuar con el juicio a la fiscal.
En su intento, el correísmo tendría que cabildear con sus aliados, o del Partido Social Cristiano (PSC) o del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) para sumar los cinco votos que se requiere para aprobar un eventual informe.
Este 5 de marzo de 2024, el PSC en la Asamblea se desmarcó y se desentendió del exlegislador Pablo Muentes, que está en medio de una investigación fiscal, y de paso dejó definida una posición en torno al juicio a Salazar.
“En relación al juicio político a la Fiscal Salazar, la posición de la bancada es la misma, nosotros no vamos a votar por la censura y destitución de la señora fiscal general”, declaró Vicente Taiano (PSC) a periodistas en la Asamblea.
El bloque oficialista ADN, hasta el momento, también mantendría una postura en contra del juicio y sus tres legisladores en la Comisión de Fiscalización (Luis Alvarado, Ramiro Vela y César Umajinga) optarían por marcar distancia.
César Umajinga (Alianza Suma-ADN) respaldó el trabajo de la Fiscal. “Queremos que siga ejecutando acciones contundentes, con mano dura y firmeza; el pueblo está aplaudiendo a la Fiscal”, expresó.
El correísmo tampoco tendría, eventualmente, el respaldo de Adriana García, asambleísta del movimiento Gente Buena. (SC)
Vicente Taiano, dijo que las imputaciones en contra del exlegislador del PSC, Pablo Muentes, son de su estricta responsabilidad. “Tendrá que defenderse y la justicia hacer su trabajo. Nadie puede estar sobre la ley”, dijo.
Taiano especificó que Muentes “era un militante de la organización política; un dirigente en Guayaquil. No forma parte de la bancada legislativa en este momento y entiendo que tampoco tiene una vinculación de asesoría con ningún legislador, ni con ninguna instancia ejecutiva del Parlamento”, señaló.
El político no descartó que, en las próximas horas, los estamentos del PSC se pronuncien en torno a la situación de Muentes al interno de esta agrupación política.
Con la interpelación, censura y destitución al exvocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, la Comisión de Fiscalización avanza con la solicitud de juicio al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite; luego será el turno del exministro del Interior, Juan Zapata, y finalmente la Fiscal, Salazar. Cada proceso en la Mesa de Fiscalización toma aproximadamente un mes y medio.
En la Comisión de Fiscalización pueden decidir
1 Que se apruebe el informe recomendando el juicio.
2 Que se recomiende el archivo para lo que también se requieren cinco votos. Este informe tiene que ser conocido por el Pleno.
3 La tercera vía es un informe de posturas (informe de cada asambleísta o por bancada) que también debe ser conocido por el Pleno.
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