La minería ilegal mueve entre $600 millones y $800 millones y traba el enorme potencial de la industria formal en el país. Ecuador alberga una variedad de recursos minerales, incluyendo oro, cobre, plata y minerales no metálicos, que lo ha colocado en el primer lugar del Índice del Potencial de las Mejores Prácticas Mineras (Best […]
La minería ilegal mueve entre $600 millones y $800 millones y traba el enorme potencial de la industria formal en el país.
Ecuador alberga una variedad de recursos minerales, incluyendo oro, cobre, plata y minerales no metálicos, que lo ha colocado en el primer lugar del Índice del Potencial de las Mejores Prácticas Mineras (Best Practices Mineral Potential Index) de la región.
“Ecuador obtiene un puntaje de 87,50, el más alto a nivel regional, superando a Chile y Perú. Este resultado lo ubica en la posición No 4 en el ranking general, solo superado por dos regiones de Canadá (Territorios del Norte y Saskatchewan) y una de Australia”, dice un análisis del Instituto de Economía Política (IEEP).
Por eso, Fernando Benalcázar, exviceministro de minas, ha resaltado que muchas de las grandes empresas mineras a escala mundial están ya en Ecuador, porque el potencial es enorme.
Sin embargo, las inversiones en nuevas minas van más lento de lo esperado y la minería ilegal alcanza un crecimiento de más del 200%.
Entidades como las Naciones Unidas estiman que la minería ilegal mueve entre $600 millones y $800 millones al año. Esto representa el equivalente al 25%, o $1 de cada $4, de lo que genera la minería formal; con la gran diferencia de que el Estado no recibe ni un centavo por impuestos la minería ilegal.
Además, existe una fuerte oposición de ambientalistas, dirigentes indígenas y políticos que, de acuerdo con Carlos Carrillo, ingeniero en minas, está en muchos casos articulada con oscuros intereses e incluso mafias y grupos criminales.
“Ecuador tiene un potencial mineral inmenso. Debemos buscar fórmulas de sacar la minería de las garras de la ilegalidad y que la mayoría se beneficie”, puntualizó
El país ya cuenta con una Política Pública Minera, que fue desarrollada con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de expertos de países como Chile, Canadá y Perú.
En esa política ya están delineadas las claves para la regulación, control y combate a la minería ilegal.
Se necesita volver a tener una agencia independiente de Control Minero, con más presupuesto y capacidades, además de una nómina depurada.
“El financiamiento podría salir de los mismos impuestos que paga el sector, que llegaron a más de $700 millones en 2023. La Agencia debería convertirse en una dependencia de élite, con técnicos bien pagados y capacitados. Esa inversión podría triplicar o cuadriplicar los ingresos del Estado”, puntualizó
La segunda clave tiene que ver con replicar procesos exitosos de formalización de mineros artesanales como el de Perú. El objetivo es evitar que esos mineros sean presa fácil de la extorsión de grupos criminales como los Lobos.
1 Marco Legal: Contar con un marco legal específico para la formalización. Uno de los principales instrumentos legales en Perú es el Decreto Legislativo 1105, que establece el régimen especial para la formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal.
2 Registro y asistencia: Los mineros artesanales deben tener facilidades para registrarse. Para eso es vital la asistencia técnica y la capacitación en temas como seguridad minera, buenas prácticas ambientales, gestión empresarial y cumplimiento de normativas.
3 Acceso a Financiamiento: Se debe promover el acceso de los mineros artesanales a créditos y microcréditos, para invertir en equipos, tecnología y mejoras en la operación. Se tienen que establecer fondos de garantía y programas de incentivos financieros (menos costos y más beneficios).
4 Vigilancia y Control: Se deben realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de formalización y prevenir y sancionar la minería ilegal.
Un punto vital para lograr la formalización, como ya ha analizado LA HORA, es romper la lógica de los trámites engorrosos. Estos hacen que el otorgamiento de licencias ambientales demore años, sobre todo para mineros pequeños y artesanales.
El objetivo final debe ser que convertirse en formal sea fácil y rentable; tanto para el minero como para el Estado.
En tercer lugar, para destrabar la oposición de grupos radicales, y dar seguridad jurídica a las inversiones (que incluye los $4.800 millones de compromisos firmados recientemente en Canadá), es vital que el presidente Noboa ejerza su liderazgo y exija que la Asamblea cumpla con dos leyes imprescindibles: la ley orgánica de consulta previa libre e informada y ley orgánica de consulta ambiental.
También se debe emprender un gran esfuerzo de capacitación y comunicación porque esas leyes viabilizan la participación de las comunidades, pero no dan derecho a veto.
“El artículo 57 literal 7 de la Constitución establece claramente que la consulta previa libre e informada no es vinculante”, recalcó Moreano, quien aclaró que, aunque no existan todavía esas dos leyes, el Estado debe hacer las consultas porque “los derechos no pueden conculcarse por falta de normativa”
Desde el Gobierno de Noboa se están impulsando las consultas en proyectos como La Plata (Cotopaxi), a pesar de la radical oposición de indígenas y ambientalistas. (JS)
Un informe de la firma LLYC apunta a que la mayoría de la opinión pública, en 10 países de la región incluyendo Ecuador, tiene un mal concepto de la minería en general:
A La minería ilegal lidera la conversación social: el 50% de las menciones sobre el sector se refieren a la minería ilegal, lo que refleja su profunda penetración en la conciencia pública y su estrecha relación con la industria en general.
B Dos protagonistas inciden en la negatividad: tanto los gobiernos como la propia industria minera profundizan imaginarios que no favorecen un posicionamiento positivo.
C El medio ambiente como bandera política: el impacto de la minería se ha convertido en un tema electoral y en un punto central en la gestión, tanto a nivel local como nacional.
D El sector se comunica en círculos cerrados: la industria enfrenta el desafío de comunicarse principalmente dentro de su propia esfera, con un impacto mínimo y predominantemente negativo en la conversación pública.
E Circunstancias propias de América Latina profundizan los estigmas: la corrupción, la violencia y el narcotráfico, entre otros problemas regionales, se asocian a la industria minera debido a la ilegalidad de algunas actividades.
F La minería sostenible, un antídoto insuficiente: a pesar de su importancia, la minería sostenible representa solo el 2% de la conversación total, y su mensaje positivo se limita en gran medida al mismo círculo de influencia.
¿Quieres recibir las noticias más importantes? ¡Suscríbete sin costo, recíbelas por WhatsApp! Da clic aquí
Comments 0