Pablo Muentes del Partido Social Cristiano (PSC) ha sido nombrado en los casos Metástasis y Purga. La Fiscalía lo señala como autor de delincuencia organizada. Los testimonios anticipados mencionan que usaba a la justicia para obtener réditos económicos y legales. El PSC emitió un comunicado. Este, sin embargo, no sería el primer caso en el […]
Pablo Muentes del Partido Social Cristiano (PSC) ha sido nombrado en los casos Metástasis y Purga. La Fiscalía lo señala como autor de delincuencia organizada. Los testimonios anticipados mencionan que usaba a la justicia para obtener réditos económicos y legales. El PSC emitió un comunicado. Este, sin embargo, no sería el primer caso en el que la política utiliza a las cortes de justicia.
Un día después del testimonio en el caso Metástasis de cuatro personas – tres vinculados y una víctima– el partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos sobre el supuesto control del PSC en la justicia, a cambio de réditos económicos y legales. En el comunicado donde firma la directiva del PSC menciona que si tuviera tal control no sostendría desde hace varios años que el Consejo de la Judicatura no debe existir.
Es Pablo Muentes, exasambleísta del PSC y cercano a Jaime Nebot, el hombre mencionado en los casos Metástasis y Purga, en este último está vinculado en calidad de autor de delincuencia organizada. Según Mayra Salazar, vinculada en Metástasis, Muentes tenía el control de la Corte Provincial del Guayas; desde ahí se benefició de demandas millonarias y hasta expropió ilegalmente tierras.
La fiscal, Diana Salazar, ha calificado a la Corte Provincial del Guayas como «el epicentro de la corrupción» en el país. Y aunque los hechos de corrupción que involucran acciones como tener tarifas para beneficios judiciales esta no es la primera vez que la política lucra de la justicia que, legalmente, debería ser un órgano independiente de los partidos y movimientos políticos y del gobierno de turno.
El PSC haestado inmerso en esta historia, pero también otros partidos como el de Rafael Correa, Lucio Gutiérrez y Abdalá Bucaram.
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Fue en 1993 cuando se hicieron reformas a la Constitución para que se permita ampliar el periodo de los jueces a seis años con una renovación secuencial cada dos años de tres magistrados que se distribuían en salas especializadas. De esta forma, la Corte tuvo 31 jueces en lugar de 16, cio era en ese entonces.
En ese año, la primera fuerza política del país era el PSC. Esto hizo que el Partido Unidad Republicana (PUR), del entonces presidente Sixto Durán Ballén se una al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Abdalá Bucaram. Los tres partidos llegaron a un acuerdo que Bucaram llamó “pacto de la regalada gana”.
El acuerdo fue que en las salas especializadas de la Corte el PSC tenga un 45,16% de los jueces, al PRE un 22,28% y los otros movimientos porcentajes ínfimos. Para 1995, el pacto de la regalada gana posibilitó que Abdalá Bucaram se catapultara como candidato y ganara la presidencia.
Según Enrique Ayala Mora, quien fue diputado en ese entonces y se opuso a esta medida, señaló en un articulo que «en las últimas décadas del siglo XX se agudizó la»politización» de la Función Judicial, especialmente de la Corte Suprema de Justicia. El señala que los jueces empezaron ser elegidos por «cuotas» de fuerzas políticas en el Congreso. «El Partido Social Cristiano y su líder León Febres Cordero lograron significativa influencia en el organismo y sus decisiones».
Para cambiar este panorama, el PRE y el gobierno de Lucio Gutiérrez, a finales de 2004, aprobaron – por medio del Congreso– tomarse la Corte mediante un nuevo reparto de «cuotas», y entregar el control total de la justicia al Gobierno. Así nació la ‘Pichi Corte’, nombre que hacía referencia al apodo del presidente de la Corte Castro Dager (amigo personal de Bucaram). Para esto se destituyeron a 31 jueces, de un momento a otro.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció y recomendó la restitución de los magistrados en sus cargos.
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«Sí, queremos meter las manos en las cortes», declaró en enero de 2011 el entonces presidente, Rafael Correa, al anunciar que remitiría a la Corte Constitucional la consulta popular, donde además de las preguntas relacionadas a seguridad se aprovechó para introducir cambios incluso sobre la Constitución.
Correa anunció su intensión de consultar sobre la creación de una comisión técnico-ejecutiva que asuma las funciones del Consejo de la Judicatura (CJ) para reestructurar el sistema de justicia del país. «Que digan lo que quieran. Que queremos meter mano en la Corte, sí, queremos meter mano para bien del pueblo ecuatoriano», dijo en una de sus sabatinas.
Lo que ocurrió después fue que cesaron al Consejo de la Judicatura y lo remplazaron por uno temporal que debía reformar la Corte designando a 21 jueces nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, por un concurso que años después fue observado por Contraloría.
Para 2013, el control definitivo del Consejo de la Judicatura lo asumió Gustavo Jalkh, exsecretario y exministro de Correa. Y aunque la justicia debe ser un organismo independiente del Gobierno, en diversa ocasiones Jalkh y Correa se presentaban juntos en eventos.
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