A siete días para asistir a las urnas, la enmienda constitucional para el apoyo complementario de las FF.AA. a la Policía es un eje importante del debate, ante la realidad del conflicto armado interno que vive el Ecuador. Entramos a la última semana de campaña de la consulta popular y el referéndum constitucional, que se […]
A siete días para asistir a las urnas, la enmienda constitucional para el apoyo complementario de las FF.AA. a la Policía es un eje importante del debate, ante la realidad del conflicto armado interno que vive el Ecuador.
Entramos a la última semana de campaña de la consulta popular y el referéndum constitucional, que se decidirá el próximo domingo 21 de abril de 2024, al que están convocados para participar 13’654.292 ciudadanos.
En el casillero A de la papeleta se encuentra la pregunta 1. Esta, para muchos entendidos, podría considerarse la “joya de la corona” de la jornada comicial, debido a que implica la aprobación para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) puedan colaborar de forma complementaria en el combate al crimen organizado.
La pregunta que modificará la Constitución dice, textualmente: “¿Está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución?”.
Es importante precisar que esta interrogante fue añadida a las 10 preguntas presentadas por el presidente Daniel Noboa, en cumplimiento del dictamen 7-22-RC/24 de la Corte Constitucional, que responde al proceso de enmienda constitucional iniciado por el presidente Guillermo Lasso en noviembre del 2022 y que fue aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional, el pasado 21 de diciembre del 2023.
La reforma pretende agregar, al artículo 158 de la Constitución de Montecristi, específicamente un párrafo, que dice lo siguiente: “Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.
Rosie Torres, subsecretaria general de Gestión Gubernamental de la Presidencia, explicó en una entrevista a LA HORA que el referéndum para la enmienda constitucional sobre las FF.AA. y el apoyo a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado “es un punto neurálgico de la consulta”.
Detalló que gracias a este cuestionamiento los ciudadanos podrán “dotar y generar espacios para que los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía sean los agentes de control y quienes lideren y puedan mitigar, la inseguridad, el crimen organizado y toda la ola de delincuencia que está siendo combatida desde el Gobierno Nacional”.
Torres destacó que tanto las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, necesitan del desarrollo de herramientas que les permitan trabajar “como un solo equipo”. Indicó que al mismo tiempo esta pregunta estaría “dignificando la labor de las fuerzas de seguridad”.
Estimó que las FF.AA. y la Policía permiten a los ciudadanos llegar a sus hogares con “tranquilidad, con la seguridad de tener un mejor país”, puntualizando que sigue siendo “un eje transversal invertir en seguridad”.
Torres apuntó que “las personas que vayan o estén en contra de esta pregunta, no solo están en contra de mejorar al país, están en contra de los ecuatorianos que queremos caminar tranquilos por las calles y que estamos cansados de la delincuencia”.
Precisó que el objetivo es permitir, a través de un proceso técnico, evaluar los factores y los momentos para que las FF.AA. intervengan. “Esto no es improvisado, es un proceso técnico que se debe realizar para que las FF.AA. puedan intervenir y para que haya diferencia con los estados de excepción”.
Karen Sichel, abogada y académica de la Universidad de las Américas (UDLA), al realizar una evaluación a la propuesta, indicó que aunque el proceso lo inició el presidente Guillermo Lasso, la pregunta que va a la consulta fue modificada de forma importante por la Asamblea Nacional.
En este sentido, sostiene que “el proyecto inicial fue modificado por la Asamblea Nacional y esa modificación es penosa, porque debido a las modificaciones las FF.AA. podrán cooperar con la Policía Nacional por un máximo de 180 días, hasta por 30 días más prorrogables”.
Apuntó que la propuesta aprobada por el Parlamento muestra “un desconocimiento grande sobre cómo funciona el crimen organizado, que no es un fenómeno extraordinario, no es un fenómeno excepcional. Tenemos bandas criminales asentadas de manera permanente”.
Sichel, quien fue vocera por el ‘Sí’ durante la consulta popular del expresidente Lasso, explicó que en el año 2022 la Corte Constitucional no permitió que esta interrogante formara parte de la consulta popular y tuvo que pasar por el proceso de enmienda parcial a través del Legislativo.
Acotó que la propuesta de Lasso establecía que las FF.AA. y la Policía pudieran trabajar de manera complementaria para luchar contra el crimen organizado, “siguiendo los parámetros de Derechos Humanos que estableció el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Para la académica, esta es una “politización innecesaria del proceso y esta reforma nos la pasaron sin que nos demos cuenta. Lamentablemente, así ha actuado la Asamblea Nacional y lo volvieron a hacer”. (ILS)
El abogado Víctor Rivadeneira, asesor de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), puntualizó que existen diversas razones que llevan a la organización a manifestarse en rechazo a las 11 preguntas de la consulta.
En el caso del casillero A, puntualizó que existen razones jurídicas que obligan a manifestarse en rechazo.
“Estamos en contra de esta reforma a la Constitución porque el pueblo ecuatoriano ya se ha pronunciado en rechazo y ahora están aprovechando el apoyo que tiene Noboa”, reclamó.
Explicó que, desde el punto de vista jurídico, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios fallos, ha mencionado que este tipo de atribuciones de las Fuerzas Armadas deben ser excepcionalísimas, no pueden ser ordinarias”.
El jurista dejó claro que la actual consulta convocada por Daniel Noboa “se está transformando en un medidor de su gestión y de la aceptación de su gobierno”.
Alertó que en el fondo la consulta solo tiene dos elementos fundamentales: “el trabajo por horas y el arbitraje internacional, estas dos preguntas son las que interesan al grupo empresarial que nos está gobernando en la actualidad”.
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