El contralor Mauricio Torres detalló que en sus primeros 100 días de gestión remitió 62 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía. Uno de ellos es por la ampliación de la vía Alóag y otro por el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en Quito. En estos 100 días de gestión de […]
El contralor Mauricio Torres detalló que en sus primeros 100 días de gestión remitió 62 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía. Uno de ellos es por la ampliación de la vía Alóag y otro por el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en Quito.
En estos 100 días de gestión de Mauricio Torres, contralor General del Estado, el organismo técnico de control aprobó 426 informes generales de auditoría y remitió 62 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía General del Estado (FGE). Así lo informó en un reporte de sus actividades en ese período.
Según informó ese organismo, el posible perjuicio al Estado identificado en los IRP «asciende a USD 46.6 millones».
Los presuntos delitos, según un comunicado oficial, se identificaron en «empresas municipales» de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza. «Los indicios penales se desprendieron de contratos de obra, como la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en la capital y en la contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza y transporte de personal», informó la Contraloría.
Además, informó el organismo de control se observaron posibles actos dolosos durante la ejecución del examen especial al proceso de liquidación de la aerolínea Tame y en las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, Comandancia General de la Fuerza Terrestre, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), Consejo de Educación Superior (CES), Superintendencia de Compañías, entre otros organismos.
En este período también se aprobaron IRP en las empresas estratégicas de la administración central, como la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Entre el 28 de noviembre y el 6 de marzo, la Contraloría también confirmó responsabilidades civiles y administrativas por USD 38 millones. Entre ellas consta la glosa por el perjuicio a Seguros Sucre por más de USD 11 millones, derivado de inversiones en Bonos Global 2024 realizadas en el mercado extrabursátil. (DLH)
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