El arresto del hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, involucrado en un presunto caso de tráfico de influencias por parte de la Fiscalía General del Estado podría abrir la oportunidad para un juicio político y un cambio en la Vicepresidencia. Una nueva actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) encendió las […]
El arresto del hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, involucrado en un presunto caso de tráfico de influencias por parte de la Fiscalía General del Estado podría abrir la oportunidad para un juicio político y un cambio en la Vicepresidencia.
Una nueva actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) encendió las alarmas en la clase política del país. En esta ocasión, los allanamientos en las ciudades de Cuenca y Quito dieron como resultado la detención del hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien estaría involucrado en el presunto delito de tráfico de influencias desde la Vicepresidencia de la República.
Francisco Barreiro Abad fue detenido por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, liderada por el fiscal Leonardo Alarcón, en el marco de una investigación por “presunta oferta de tráfico de influencias”.
Barreiro Abad se ha desempeñado como director Nacional de Servicios de Mediación de la Defensoría Pública de Cuenca (2023); intendente General de la Policía del Azuay (2023); comisario Nacional de Cuenca (2022) y comisario de Policía del Cantón Pucará (2021).
Las diferencias entre Abad y el presidente de la República, Daniel Noboa, afloraron en medio de la campaña presidencial adelantada de 2023. El mandatario incluso la envió como embajadora de Ecuador ante Israel.
El último impasse entre el binomio se registró el 31 de enero de 2024 cuando la Cancillería de Ecuador emitió un comunicado en el que exigió a Abad “abstenerse de emitir declaraciones no autorizadas sobre las negociaciones para el acuerdo sobre trabajadores temporales de Ecuador en Israel”.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio del Interior detalló que los allanamientos realizados en Quito y Cuenca formaron parte de un operativo conjunto para mantener la lucha contra la corrupción.
“Este Gobierno, a través de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, está firmemente comprometido con la prevención y erradicación del delito y apoya la persecución de todo acto de corrupción”, se informó en el comunicado en el que se agrega que habrá “cero tolerancia a la corrupción venga de donde venga”.
Este Diario consultó al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien fue tajante al señalar: “respaldo la investigación y la búsqueda de la verdad, de quien sea”.
Adicionalmente, LA HORA buscó comunicarse con la vicepresidenta, quien se encuentra en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta.
Para el académico y el director general de Icare, Pedro Donoso, lo ocurrido ayer en Cuenca y Quito podría abrir la puerta a un cambio en las estructuras del Gobierno y mostró su rechazo al señalar que el escándalo del presidente Noboa en Madrid, no debió “deslumbrar” a la ciudadanía.
“Nos escandaliza esta noticia publicada por el medio El Debate sobre la situación del presidente en España, pero no vemos otros factores que me parecen fundamentales”, recalcó.
Donoso indicó que el comunicado emitido por el Ministerio del Interior deja claro que el Gobierno Nacional se atribuye el proceso. “Está dando señales muy potentes y, a la larga, si uno puede leer entre líneas, nos está diciendo que es el Gobierno Nacional quien finalmente está involucrado para que la investigación se realice”.
El analista político considera que estas acciones muestran un “mensaje clarísimo”, pues se abre una puerta para empezar a debatir “cuál va a ser la figura de la vicepresidenta y nos lleva a un posible juicio político, por ejemplo, de la Asamblea, o una posible renuncia”.
Acotó que debe revisarse si los tiempos “políticos” permitirían la salida de la vicepresidenta. “Hay que preguntarse cuál será la moneda de cambio; hablando políticamente, que el Ejecutivo podría utilizar con los otros movimientos para lograr que haya una nueva vicepresidenta”.
“Creo que es un escenario bastante probable que, de aquí a unos meses, Ecuador cambie de vicepresidenta, y esto le facilite al presidente poder encargar el poder en su candidatura presidencial”.
Este 21 de marzo de 2024, un escándalo removió al Palacio de Carondelet, el medio español El Debate publicó una reseña sobre un supuesto impasse entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de España y la Embajada de Ecuador en esa nación, durante la última visita del presidente de la República, Daniel Noboa.
La Cancillería de Ecuador, en un comunicado, desmintió la información publicada en el medio e indicó que nunca se registró un llamado de atención por parte de las autoridades españolas ante el presunto uso de la escolta de seguridad para eventos no previstos en la agenda oficial del presidente Noboa.
“Con respecto a la noticia difundida por un medio español, el Gobierno Nacional del Ecuador rechaza categóricamente su contenido, ya que carece de veracidad”, se detalla en el escrito.
Por su parte, el medio español indicó que ofrecerá mayores detalles sobre las presuntas acciones del mandatario ecuatoriano.
El artículo 129 de la Constitución señala la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente, o de la vicepresidenta por tres causales:
1 Por delitos contra la seguridad del Estado.
2 Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
3 Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas.
Para lo que se necesitará el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y “no será necesario el enjuiciamiento penal previo”.
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