Entre las bolsas de valores de Quito y Guayaquil se negocian alrededor de $600 millones de bonos al año. Jubilados y proveedores buscan cambiar esos papeles por efectivo. Un Estado sin suficientes recursos, con alto déficit fiscal (más gastos que ingresos) y reducido acceso a financiamiento, recurre a pagar con papeles o bonos, en lugar […]
Entre las bolsas de valores de Quito y Guayaquil se negocian alrededor de $600 millones de bonos al año. Jubilados y proveedores buscan cambiar esos papeles por efectivo.
Un Estado sin suficientes recursos, con alto déficit fiscal (más gastos que ingresos) y reducido acceso a financiamiento, recurre a pagar con papeles o bonos, en lugar de efectivo, a jubilados, proveedores y hasta gobiernos locales.
Esos bonos estatales, si se quiere hacerlos líquidos o convertirlos en efectivo, deben ser negociados en las bolsas de valores de Quito o Guayaquil
El economista Fabricio Orellana, jefe de operaciones y estadísticas de la Bolsa de Valores de Guayaquil, explicó que durante 2023 se negociaron $576 millones de bonos de Estado en las dos bolsas de valores del país.
De ese total, alrededor del 15% ($85 millones) corresponden a bonos que recibieron jubilados del sector público (sobre todo del Ministerio de Educación, entre otras dependencias) como pago del incentivo jubilar que les corresponde por ley.
Durante este 2024, con corte al 11 de marzo, se han negociado $88 millones en bonos. De este total, alrededor de $4 millones corresponden a papeles entregados como incentivo jubilar.
Orellana alertó que actualmente se negocia menos en las bolsas de valores del país como consecuencia del aumento de las tasas de interés y la incertidumbre política.
“Las tasas de interés están en niveles muy altos. Si un jubilado quiere salir ahorita a colocar un bono tendría que hacerlo con un castigo muy alto. Entonces esto está frenando la negociación”, explicó.
Además, en lo que va del año, los dos grandes compradores de bonos en el mercado ecuatoriano, el IESS y la CFN, no han salido a hacer negociaciones.
1 El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, paga a sus proveedores y a sus servidores públicos que se acogen a la jubilación, entre otros, con papeles del Estado en lugar de efectivo
2 Esos papeles o bonos se acreditan en cuentas registradas para cada beneficiario en el depósito de compensación del Banco Central del Ecuador (BCE).
3 Si el proveedor o jubilado no tiene necesidad inmediata de liquidez puede quedarse con el bono que genera un interés o rendimiento anual durante todo el plazo que tenga de duración.
4 Si necesita efectivo inmediato, el proveedor o jubilado que recibe el bono del Estado debe acudir a una de las 28 casas de valores autorizadas en el país. La lista de casas de valores se puede consultar en este enlace.
5 El tenedor del bono no puede negociarlo directamente. Debe hacer todo el proceso a través de una casa de valores, la cual realiza la oferta del bono en busca de que haya un inversionista (también representado por una casa de valores) que quiera comprar ese papel.
6 Si la oferta y la demanda coinciden, tanto en condiciones como plazo y tasa de interés, se cierra la operación. El proveedor o jubilado recibe efectivo y el comprador se queda con el bono.
7 Cada bono del Estado se emite por un monto (equivalente al valor de la deuda a pagar), con un plazo y una tasa de interés. Así, si se debía pagar una compensación jubilar por $20.000, se emite un bono por ese monto y se establece, por ejemplo, que tendrá un plazo de 10 años con un interés del 5%.
Si el beneficiario se queda con el bono, recibirá un 5% sobre los $20.000 por 10 años. Al cabo de ese plazo, accederá al capital completo de $20.000.
Pero, si quiere hacer líquido el bono de manera inmediata, recibirá menos de $20.000 porque se aplica un descuento o castigo.
Dependiendo del plazo del bono, el descuento, de acuerdo con Orellana, puede ir entre un 5% y aproximadamente un 30%. Es decir, se recibiría entre $19.000 y $14.000.
Entre más largo sea el plazo del bono, el descuento será mayor. Esto porque hay mucho más tiempo que esperar para recuperar el capital.
Si es un bono de corto plazo (de uno a tres años), el castigo no es tan alto.
8 Se recomienda, en caso de jubilados y proveedores, que esperen a que los grandes compradores, IESS y CFN, salgan a las bolsas de valores en busca de invertir en bonos. Esos grandes compradores normalmente están dispuestos a comprar con un menor descuento y mejores condiciones, aseveró Orellana.
Sin embargo, cualquier persona, con solo su cédula y una cuenta bancaria, puede invertir en el mercado de valores y comprar bonos del Estado.
Un Estado deficitario paga con papeles a sus acreedores; y eso, al mismo tiempo, le sirve como financiamiento.
Ante el limitado acceso a financiamiento externo, el Gobierno emite bonos para financiarse por tres vías.
Reducir atrasos y pagos pendientes mediante emisión de bonos para jubilados y proveedores. Así, solo está obligado a pagar el interés (menos que la deuda total) y el pago del capital cuando se venza el bono.
En el fondo, los acreedores locales se ven castigados porque se les paga en bonos o papeles y si quieren efectivo inmediato deben aceptar un castigo o descuento.
De la misma forma se pagan cuentas pendientes con gobiernos locales. En diciembre de 2023, por ejemplo, se hizo público el pago de $156 millones en bonos a 17 prefecturas. El mismo día se cubrieron en efectivo $273 millones de intereses de deuda externa.
En tercer lugar, el Gobierno también sale a emitir bonos internamente para que los compren inversionistas como el IESS, la CFN y el sistema bancario.
El economista Fabricio Orellana, jefe de operaciones y estadísticas de la Bolsa de Valores de Guayaquil, explicó que uno de los segmentos más afectados son las negociaciones de papeles de largo plazo para financiar al sector empresarial.
“Muchas emisiones se encuentran frenadas. Hay mucha incertidumbre porque ya mismo tenemos otra vez elecciones y no se sabe qué va a pasar”, recalcó.
Así, no solo las negociaciones de bonos del Estado se complican; sino también los papeles para financiar al tejido empresarial.
En el mejor de los casos, se espera mantener el mismo movimiento de 2023; pero también es posible el escenario de una caída de entre 5% y 10% en las operaciones de las bolsas de valores durante este 2024.
Este último escenario es perjudicial para ciudadanos y empresas que reciban bonos del Estado como pagos, debido a que tendrán menos espacio para negociarlos y conseguir efectivo.
Pero, además, también golpeará a las empresas en busca de liquidez, justo en un contexto en el que los impuestos establecidos por el Gobierno de Noboa ya provocarán un menor acceso al crédito en el sistema financiero.
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